Se entiende por Veeduría Ciudadana conforme a lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

La Ley 850 de 2003, reglamentó las Veedurías Ciudadanas, y establece, entre otras disposiciones, la forma de constituirse. Asimismo, reglamenta lo concerniente al objeto de la veeduría, principios, red de veedurías, funciones y derechos y deberes.