Con la ley 1150 de 2007, se introdujo una importante reforma en materia de contratación estatal y particularmente en el Registro Único de Proponentes, el cual fue reglamentado por el Decreto 4881 de 2008, posteriormente modificado por los Decretos 836 y 2247 de 2009. Este registro continua en cabeza de las cámaras de comercio pero con unas connotaciones muy diferentes a las confiadas bajo el amparo de la Ley 80 de 1993, ya que con la reforma, las cámaras deberán verificar los requisitos habilitantes (experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización) del proponente, a través de la constatación que hace la entidad entre el formulario diligenciado por el proponente y los documentos soportes exigidos por los decretos mencionados. Con lo anterior, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir a los proponentes, ni estos aportar documentación que fue presentada en el proceso de registro ante la cámara. Por tanto, los entes estatales sólo se limitarán a evaluar las condiciones de la oferta. Ver más >>